Los sindicatos y docentes que conformamos la Corriente sindical, federal y popular “16 de abril”, queremos expresar nuestra preocupación ante el retraso en la convocatoria -por parte del Ministerio de Educación de la Nación- para dar continuidad a las negociaciones por la revisión del acuerdo salarial vigente. Es urgente que desde nuestra Federación se impulse un debate democrático sobre la situación actual y los pasos a seguir.
Las y los trabajadores venimos sufriendo el deterioro del poder adquisitivo de nuestros salarios, producto de un aumento inflacionario muy superior a la meta que había definido el gobierno para este año. En el caso de las y los docentes universitaries, este deterioro se produce sobre un salario que perdió casi 25 puntos de poder adquisitivo durante el macrismo.
El 29% de inflación, previsto en el presupuesto nacional y definido como referencia en la negociación paritaria firmada este año por nuestra federación, ya fue superado en el mes de julio. En ese mismo período(enero-julio) recibimos 14% de aumento. De no producirse una revisión salarial, se producirá una pérdida del 14% de nuestro poder adquisitivo al mes de diciembre.
Es por eso que resulta urgente la convocatoria para retomar las negociaciones ya iniciadas, y acompañarla con un debate amplio y plural con el conjunto de la docencia universitaria, impulsado por la CONADU y cada uno de sus sindicatos de base.
En la última reunión los paritarios de CONADU presentaron las siguientes demandas:
- Añadir un aumento de al menos 10% para alcanzar un 45% en 2021
- Adelantar el esquema de cuotas para cobrar a octubre el 35% de aumento ya pactado
- Sostener dos revisiones: en diciembre y en febrero de 2022, para cumplir el objetivo de superar la inflación este año
Asimismo, se demandó la reactivación de la Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo (CyMAT), que debe dar continuidad a las discusiones en torno a las modalidades de trabajo durante la pandemia. En esa línea, expresamos una vez más que las paritarias de nivel particular en cada Universidad son los espacios legítimos para la elaboración de diagnósticos y construcción de acuerdos respecto de un eventual retorno a la presencialidad, garantizando la salud y los derechos.
Las y los trabajadores docentes de las Universidades Nacionales reconocemos claramente las diferencias entre un gobierno que define a la educación pública como un gasto innecesario y otro que la reconoce como el único camino viable hacia un desarrollo económico sostenido, soberano e igualitario. Hoy, frente a la necesidad de recuperar un horizonte de crecimiento económico, con trabajo y recomposición salarial, es necesario que las definiciones sobre el rol de la educación pública se conviertan en hechos concretos, y que el Gobierno Nacional cumpla con su palabra y garantice que nuestros salarios no sigan deteriorándose frente a la inflación.
Excelente…!!!